Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, dio la conferencia Cumplimiento y elecciones: riesgos más allá de la financiación de campañas. Un viaje por la historia.

Para iniciar, Camilo presentó como antecedente reciente de sobornos y financiación indebida de campañas electorales en América Latina, el caso de Odebrecht, que entre los años 2001 y 2016 pagó más de 800 millones de dólares en sobornos para conseguir grandes contratos en Brasil, México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana y Venezuela; sobornos que, además, estuvieron vinculados con la financiación de campañas electorales presidenciales en estos países. Esta empresa delincuente – en varios casos – aportó recursos para financiar las campañas electorales de los diferentes candidatos en un mismo país, con el objetivo de garantizar su influencia indebida en los nuevos gobiernos, independientemente de qué candidato fuera elegido como presidente.

Seguidamente, disertó sobre la diferencia entre “fraude electoral” y “control electoral”, mostrando las diferentes connotaciones e implicaciones que tienen en diversas culturas y contextos, particularmente en Estados Unidos y los países latinoamericanos. 

En lo referente a la historia de nuestro país, el conferencista dijo que, ha existido en Colombia una tradición de violencia política, que padecemos hasta el día de hoy, con efectos en la campaña electoral de 2022.

Para ilustrarlo, hizo alusión al periodo conocido como “La violencia en Colombia”, acontecido aproximadamente entre 1946 y 1953, en el que, en la disputa por el poder entre los partidos liberal y conservador, se llegó a la práctica sistemática de liquidar de manera física, al opositor político, dejando no menos de 300.000 muertos y enormes daños físicos y heridas morales, que aún tienen efectos en la política, en el ser social y en el comportamiento de los colombianos.

También se refirió al fraude en las elecciones presidenciales cometido en 1970, contra la Alianza Nacional Popular – ANAPO- y su candidato Gustavo Rojas Pinilla, lo que motivó en gran medida, la aparición del grupo insurgente M-19.

El conferencista mostró los posibles delitos y contravenciones en que podrían incurrir las empresas en períodos de campaña electoral y se refirió a la responsabilidad moral que ellas tienen de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la paz en Colombia, y de cumplir a cabalidad con las normas electorales, en particular en lo relativo al financiamiento de campañas y respeto a los derechos políticos de sus empleados y grupos de interés, para lo cual el área de cumplimiento debería desempeñar un rol importante. 

Finalmente, presentó un borrador de comunicado modelo de las empresas a su personal y grupos de interés, para adecuarlo según cada caso y dio las siguientes recomendaciones generales: 

• Enviar comunicación formal a todos los colaboradores con instrucciones.
• No financiar y si lo hace, reportarlo internamente y en Cuentas Claras. 
• Prohibir propaganda electoral por directivos y en espacios físicos o virtuales de la organización. 
• Restringir reuniones con políticos en periodo electoral. 
• Hacer doble chequeo a contratos públicos en periodo electoral. 
• Pedir a la campaña un certificado en el que conste cuánto ha recibido la campaña ANTES de desembolsar la donación. (Para no exceder los topes de financiación)
• Al hacer la donación definir su destinación específica, especialmente cuando se hace a partidos políticos. Ej. Para publicidad, para afiches, para costos de sede de campaña.
• Brindar especial atención a las donaciones.